Por: Alfredo Uvalle
El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Marco Antonio García Barrientos, ofreció una conferencia de prensa para puntualizar los detalles legales y el estado actual del litigio que sostiene la administración estatal con la empresa Grupo Empresarial Dalka, derivado de un contrato de suministro de despensas celebrado en marzo de 2023.
El conflicto surgió tras la rescisión del contrato por parte del Gobierno del Estado, debido al incumplimiento de una obligación esencial: la presentación de las pólizas de garantía. A partir de la demanda interpuesta por la empresa en agosto de 2023, el caso ha sido revisado exhaustivamente por diversas instancias administrativas y judiciales, tanto estatales como federales.
García Barrientos subrayó que las resoluciones emitidas hasta la fecha, incluyendo la confirmación por parte de instancias federales tras un juicio de amparo, han ratificado la legalidad de la actuación del Estado. Destacó que el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa revocó por unanimidad una resolución inicial favorable a la empresa, ordenando la reposición del procedimiento al acreditarse irregularidades.
El Consejero Jurídico enfatizó que el procedimiento penal iniciado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el 21 de abril de 2025 no tiene trasfondo político ni mediático, sino que se sustenta en hechos concretos.
La investigación se originó por una contradicción documental: mientras la empresa sostuvo ante el tribunal que entregó las pólizas de garantía el 15 de marzo de 2023 (fecha de firma del contrato), el informe oficial de la institución afianzadora confirmó que dichos documentos fueron emitidos el 11 de abril de 2023. Esta discrepancia es la base de la investigación por la posible comisión de los delitos de falsedad en declaraciones ante una autoridad y fraude procesal.
García Barrientos desmintió categóricamente que exista una medida de arraigo contra el representante legal de la empresa. Para demostrarlo, presentó evidencia de video que documenta la visita del empresario a Palacio de Gobierno el pasado 3 de junio de 2026, donde fue recibido por el propio Consejero para explorar, a petición de la parte interesada, una posible conciliación.
«Este hecho demuestra la plena disposición institucional al diálogo dentro de los cauces legales», afirmó.
Finalmente, el Consejero Jurídico reiteró que la prioridad del Gobierno del Estado es el bienestar de las familias tamaulipecas y el uso correcto de los recursos públicos. Recordó que, tras la rescisión del contrato, el suministro de despensas fue transferido a Diconsa, institución federal que ofreció mejores condiciones en beneficio de la población.
«Este no es un debate político ni mediático; es un asunto que se dirime con hechos, pruebas y resoluciones en las instancias correspondientes. La justicia no se construye en entrevistas, sino en los tribunales», concluyó.
